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Nueva ley para el fomentar parques industriales y tecnológicos

INFORMACIÓN JURÍDICA DE INTERÉS. DICIEMBRE 2017 – ENERO...

enero 16, 2018 Comentarios desactivados en Análisis de la Ley Integral Contra el Lavado de Activos número 19.574 Views: 3789 BLOGS

Análisis de la Ley Integral Contra el Lavado de Activos número 19.574

Por Dr. Fernando Posada[1]

 

  1. Introducción

El día 20 de diciembre pasado, el Poder Legislativo dio sanción a la Ley 19.474 la que se denominó “Ley Integral Contra el Lavado de Activos”. En la exposición de motivos del Proyecto -que consistió en una iniciativa del Poder Ejecutivo- se expresó que la finalidad del mismo consistía en llevar a cabo una tarea de “ordenamiento, sistematización y actualización de la normativa vigente en materia de lavado de activos”, buscando desvincular este instituto de la legislación antidrogas y asociarlo a otras conductas delictuales que también tienen como producto dinero “sucio”.

En el entendido de que la normativa existente era profusa y dispersa, la nueva Ley lo que busca es recopilar y actualizar la misma, brindando rango legal a disposiciones que hasta ese entonces estaban reguladas únicamente a nivel reglamentario, creando nuevos institutos y modificando otros ya existentes, todo ello con el claro objetivo de poder ajustarse a lineamientos internacionales con los que se ha comprometido el país, especialmente con relación a GAFI -Grupo de Acción Financiera Internacional- y GAFILAT -Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica-.

La Ley que aquí se comenta está estructurada en nueve capítulos con objetivos y naturalezas bien distintas entre ellos, los que aquí pasan a analizarse.

 

  1. Sobre la Organización Institucional

El primero de esos capítulos refiere a los organismos vinculados al combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Se crea la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la que dependerá de Presidencia, siendo presidida por el Prosecretario de dicho órgano e integrada además por distintos actores, tales como el Secretario Nacional de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo -en adelante SENACLAFT- y otras autoridades. Su principal objetivo es el de crear una red de información que contribuya a la actuación de

distintos organismos públicos, generando programas educativos y de concientización sobre riesgos del lavado de activos y financiamiento de terrorismo, así como estadísticas e indicadores que faciliten la revisión periódica de la efectividad del sistema.

Este capítulo contiene además una serie de disposiciones de carácter programático con relación a la actuación del Estado en esta materia y su vinculación con otros países, en el marco de la Recomendación de GAFI número 19.

Por otra parte, se regula la organización y competencia de la SENACLAFT -y de su Director, el Secretario Nacional-, la que había sido creada por la Ley de Presupuesto número 19.355, complementándose y ampliándose la regulación original.

Además, se establece la obligación de todos los organismos públicos de contribuir a la prevención y combate del lavado de activos, adoptando políticas y procedimientos que permitan mitigar los riesgos inherentes a las actividades que se desarrollen en cada caso. Asimismo, se obliga a todo funcionario público que tome conocimiento de hechos que puedan estar vinculados a este tipo de delitos a informarle esta circunstancia a la SENACLAFT.

Finalmente, como una de las mayores novedades de este capítulo y de la Ley en sí, se establece la prohibición de ser accionista, beneficiario final o tener algún tipo de vinculación con sociedades comerciales domiciliadas en jurisdicciones de nula o baja tributación, mientras se desempeñen en su cargo para el Presidente y Vicepresidente de la República, Legisladores, Ministros, Subsecretarios y Directores Generales de Secretaria de los Ministerios, Directores de Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Personas Públicas No Estatales, así como personas que ocupen cualquier cargo político y de particular confianza, lo que le da gran amplitud y alcance a la disposición.

 

  1. Sistema Preventivo

De acuerdo con lo expresado en la exposición de motivos, se busca instaurar un sistema preventivo más efectivo, modificándose, ampliándose y derogándose disposiciones de la Ley 17.835 y del Decreto 355/010, los que habían servido como marco regulatorio de estos aspectos hasta este momento y pasando a ampliarse la nómina de sujetos obligados no financieros, con la finalidad de mejorar la prevención y la detección de operaciones inusuales o sospechosas.

Entre estos nuevos sujetos obligados podemos encontrar a los Abogados y Contadores, quienes hasta este entonces estaban excluidos por su mero carácter funcional. Sin embargo, la norma les será alcanzable sólo cuando actúen a nombre y por cuenta de sus clientes en ciertas operaciones (2) (3) y en ningún caso cuando brinden asesoramiento a sus clientes.

Con relación a estos dos sujetos y a los Escribanos, la Ley excluye de la obligación de realizar el reporte correspondiente, a las situaciones en las cuales estos profesionales reciban la información de sus clientes para verificar el estatus legal del mismo o en el marco del derecho de defensa en asuntos judiciales, administrativos, arbitrales o de mediación. De esta manera se intentó salvar las objeciones formuladas por los distintos Colegios y Agremiaciones, especialmente con relación a la eventual vulneración del derecho de defensa por parte de los Abogados que estuvieran obligados a revelar información que le proporcionare su cliente al amparo del secreto profesional.

Otro de los nuevos sujetos obligados son las asociaciones civiles, fundaciones, partidos políticos, o cualquier organización sin fines de lucro con o sin personería jurídica -concepto de extrema amplitud- (4).

Asimismo, se agrega dentro de dicha nómina a los proveedores de servicios societarios, fideicomisos y en general, cualquier persona jurídica o física cuando en forma habitual realicen transacciones para sus clientes sobre ciertas actividades que la propia norma detalla en el literal H) del artículo 13. Cabe resaltar que el giro utilizado “en forma habitual”, deja por fuera la actuación puntual o esporádica del sujeto eventualmente obligado y alcanza a las personas o empresas que se dedican como giro principal o accesorio a la constitución y/o venta de personas jurídicas, a prestar servicios de directorio, accionista, fiduciario o simplemente facilitar un domicilio social.

Finalmente, se incluye también como sujetos obligados a las personas físicas o jurídicas dedicadas a la intermediación o mediación en operaciones de compraventa de antigüedades, obras de arte, y metales y piedras preciosas y a los explotadores y usuarios directos e indirectos de zonas francas – la modificación introducida por el artículo 50 de la Ley 19.355 no preveía expresamente al usuario indirecto-.

Por su parte, se establece que la información sobre los reportes inusuales o sospechosos deberá comunicarse a la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF- del Banco Central, en consonancia con lo ya dispuesto por el Decreto 355/010, dejándose librado a la reglamentación los requisitos que deberán cumplirse para formular tales reportes.

Asimismo, se hace referencia también al régimen sancionatorio previsto para el incumplimiento de las obligaciones a cargo de los sujetos obligados, el que prevé las siguientes medidas: apercibimiento, observación multa -que se graduará entre un mínimo de 1.000 Unidades Indexadas y un máximo de 20.000.000 de Unidades Indexadas, de acuerdo a las circunstancias del caso, la conducta y el volumen de negocios del infractor, así como la entidad de la infracción y los antecedentes- o suspensión del sujeto obligado cuando corresponda, en forma temporaria -hasta por tres meses-, o con previa autorización judicial, en  forma definitiva.

Por otro lado, se regulan los procedimientos de debida diligencia de clientes en forma genérica, simplificada e intensificada, con algunas modificaciones respecto de la legislación anterior. Se establece la posibilidad de implementar matrices de riesgo para la aplicación de estas medidas de debida diligencia y la obligación de aplicar las mismas a los nuevos clientes, así como la de revisar y actualizar en forma periódica los datos e informaciones de los clientes ya existentes. Además, se establece en forma clara la obligación de abstenerse a realizar la operación correspondiente cuando no sea posible aplicar las medidas de debida diligencia previstas. Por último, se define también al beneficiario final en forma casi idéntica a cómo se hizo por parte de la Ley 19.484 en su artículo 22 (5).

En otro orden, se le atribuye la potestad a la UIAF de que, por resolución fundada, ordene a los sujetos obligados hasta por un plazo de 72 horas la inmovilización de fondos eventualmente implicados en los delitos precedentes de el o los delitos de lavado de activos, debiendo comunicarse tal decisión a la justicia penal competente, quién decidirá el mantenimiento o revocación de la medida, ya en el ámbito judicial.

 

  1. Intercambio de Información

El tercer capítulo de esta Ley refiere a las condiciones y circunstancias bajo las cuales se deberá o podrá proceder al intercambio de información con autoridades homólogas de otros estados, sobre la base del principio de reciprocidad o con autoridades locales.

En este sentido, se dispone que sólo se podrá suministrar información protegida por las normas de confidencialidad a autoridades extranjeras, siempre que la requisitoria sea puntual (6), es decir, vinculada a una investigación de un caso relacionado al delito de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, para ser utilizados en un proceso penal o administrativo en el Estado requirente y previa autorización judicial del tribunal competente vernáculo.

Por otra parte, con relación al intercambio de información con autoridades locales, se establece que la UIAF sólo podrá divulgar información a los organismos públicos especializados en el combate al lavado de activos cuando considere que la participación de dichos organismos resulte imprescindible para completar una investigación en curso.

 

  1. Transporte de efectivo, instrumentos monetarios y metales preciosos

El artículo 29 de la Ley Integral Contra el Lavado de Activos establece la obligación de todas las personas físicas y jurídicas controladas por el Banco Central de comunicar el transporte de dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios a través de la frontera, cuando el monto sea superior a diez mil dólares estadounidenses.

Se establece la aplicación del mismo régimen sancionatorio ya analizado con relación al incumplimiento de reporte por parte de los sujetos obligados, así como la facultad para solicitar a la autoridad judicial competente la incautación de los fondos o valores no declarados, cuando existan sospechas de que provienen de algunos de los delitos referidos en la propia Ley.

 

  1. Sobre los delitos de lavado de activos

Se mantiene la columna delictual existente en materia de lavado de activos, la que había sido incorporada al Decreto-Ley 14.294 por medio de la Ley 17.016. La misma consiste en las siguientes figuras, las que se regulan en los artículos 30 a 33: a) conversión y transferencia; b) posesión y tenencia; c) ocultamiento, y d) asistencia, siendo el baremo punitivo en los primeros dos casos de entre 2 y 15 años de penitenciaría y en los últimos dos, entre doce meses de prisión a seis años de penitenciaría.

Además, se aclara expresamente que tanto la asistencia como el asesoramiento prestado por profesionales a sus clientes, para verificar su estatus legal o en el marco del derecho de defensa, no quedan comprendidas como actividades delictivas, afirmación que sirve para clarificar su situación, aunque resultaría innecesaria, toda vez que en virtud de lo dispuesto por el artículo 28 del Código Penal, la persona que está obrando en cumplimiento de la Ley -ejerciendo la defensa de un individuo- no puede estar nunca actuando en forma delictiva.

Por su parte, esta Ley 19.574 busca solucionar por vía legislativa, sendas discusiones que se verificaban a nivel doctrinario y jurisprudencial sobre algunos aspectos colaterales al lavado de activos. Es así que, por ejemplo, el artículo 35 de la misma consagra específicamente el “autolavado”, disponiendo que aquel que hubiere cometido alguna de las actividades delictivas precedentes también podrá ser responsabilizado en calidad de autor por los delitos de lavado.

Asimismo, se establece que el delito de lavado de activos es un delito autónomo y como tal no requerirá auto de procesamiento previo de las actividades delictivas anteriores. Como se apreciará, el artículo 36 hace referencia a “el delito de lavado” y no a “los delitos de lavado” -cómo si se hace en el artículo anterior-, por lo que en aplicación directa del principio de legalidad, este extremo debería interpretarse en el sentido de que él único delito autónomo sería el de lavado propiamente dicho, es decir, el consagrado en el artículo 30 de la misma norma. Por lo tanto, para poder proceder a enjuiciarse a una persona por la eventual comisión de cualquiera de los otros delitos de lavado, deberá al menos existir una investigación formalizada -cuando no, una sentencia- por alguno de los delitos precedentes.

Finalmente, en el mismo sentido, se aclara que los delitos de lavado regirán también cuando la actividad delictiva antecedente hubiera sido cometida en el extranjero, siempre que exista una doble tipificación de la misma -es decir, que esté tipificada tanto en el lugar de comisión como en el ordenamiento uruguayo-.

Otra de las novedades de esta norma es la inclusión de nuevos delitos precedentes al lavado de activos, ampliándose así un elenco que ya era bastante extenso. Cabe destacar, entre otros, la inclusión de la defraudación tributaria como figura precedente, con ciertas particularidades. En primer lugar, su inclusión será gradual, estableciéndose que servirá como precedente cuando el monto de los tributos defraudados sea superior a: a) 2.500.000 Unidades Indexadas para los ejercicios iniciados a partir de 1º de enero de 2018 y b)1.000.000 Unidades Indexadas para los ejercicios iniciados a partir del 1º de enero de 2019, aclarándose que dicho monto no será exigible cuando se hayan empleado facturas u otros documentos falsos (7) en la defraudación. Además, se produce un cambio de paradigma con relación a este delito, estableciéndose que podrá perseguirse de oficio, eliminándose el requisito de procedibilidad existente con relación a la denuncia por resolución fundada de la Administración Tributaria. Cabe tener presente que esta modificación deberá interpretarse en sentido estricto, es decir, que sólo podrá perseguirse de oficio aquella defraudación tributaria que se entienda que se ajusta a lo dispuesto por esta norma y que por ello sirva como delito precedente del delito de lavado. En todos los demás casos seguirá siendo necesaria la instancia de parte del Recaudador.

Además de lo dicho, se agregan otros delitos al elenco de los precedentes, tales como: a) defraudación aduanera; b) homicidio y lesiones graves y gravísimas cometidas por precio o promesa remuneratoria -el llamado sicariato-; c) el hurto, la rapiña, el copamiento y el abigeato, siempre que el monto real o estimado del delito supere las 100.000 Unidades Indexadas, y e) la asociación para delinquir (8).

 

Por su parte, el último inciso del artículo 34 establece que “a efectos del intercambio de información entre Estados, tanto por la vía de la cooperación jurídica penal como de la cooperación administrativa entre Unidades de Inteligencia Financiera, no regirán los umbrales establecidos en los numerales anteriores” -las 100.000 Unidades Reajustables aludidas-. Esta disposición plantea más dudas que certezas, toda vez que si el monto de -por ejemplo- la rapiña es menor a la cifra descripta, dicho delito no servirá como precedente y, en consecuencia, sin delito anterior no podrá configurarse el delito ulterior de lavado de activos. Sin embargo, parecería ser que el legislador indicaría que igualmente podría intercambiarse información entre Estados, sin aclararse qué información, ya que todo el actuar delictual estará por fuera de las disposiciones de esta norma.

Por último, en este mismo sentido, se incorpora una obligación para cualquier Tribunal penal -como veremos en el capítulo siguiente, la referencia procesal debió hacerse al Ministerio Público- de abrir una investigación económica-financiera en forma paralela con relación a los efectos económicos de un delito que pudiera ser precedente, siempre que se esté investigando el mismo.

 

  1. Aspectos procesales, decomiso y cooperación internacional

El capítulo VI de la norma en análisis regula los mecanismos de adopción de medidas cautelares en procesos que se lleven a cabo en el marco de las conductas delictivas descriptas anteriormente.

Se establece que dichas medidas se adoptarán cuando el Tribunal competente estime que son indispensables para la protección del derecho del Estado de disponer de estos bienes una vez decomisados y siempre que exista peligro de lesión o frustración en razón de la eventual demora del proceso. Asimismo, se aclara que las distintas medidas se adoptarán tanto de oficio como a solicitud de parte y que, en caso de que se adopten en una etapa presumarial, caducarán de pleno derecho si en el plazo de dos años el Ministerio Público no solicita el enjuiciamiento.

Las disposiciones que acabamos de comentar generarán una dificultad práctica a la hora de su aplicación toda vez que parecen estar pensadas en el marco de la norma procesal penal anterior. Como sabemos, luego de la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal -Ley 19.293, complementarias y modificativas- la dirección e

instrucción de la investigación preliminar -asimilable al fenecido presumario- está a cargo del Ministerio Público, por lo que debería ser éste quién solicite, si hubiere mérito, la adopción de una medida cautelar, desechando la posibilidad de que la misma se resuelva de oficio por el Tribunal, quién no tendrá los elementos suficientes para hacerlo. Por lo tanto, parece poco prudente sancionar una Ley que vaya contra la lógica del flamante sistema acusatorio uruguayo, extremo que generará la disyuntiva acerca de cómo hacer aplicables estas disposiciones.

Por otro lado, el capítulo VII refiere específicamente a la regulación del decomiso, extrayéndose también normativa ya existente y mejorándose la misma en pos de la celeridad del sistema y en cumplimiento de la recomendación de GAFI número 4 (9). Se establece que el decomiso deberá ser decretado en la sentencia definitiva, a solicitud del Ministerio Público. Se regula además el decomiso por equivalente, previéndose la posibilidad de que el mismo recaiga sobre otros bienes del condenado o que éste pague una multa por determinado valor.

Asimismo, se regulan aspectos procesales del decomiso en sí mismo, así como de la posibilidad de terceros de buena fe que alegaren tener un interés sobre lo decomisado.

También en materia procesal y, sobre todo en el ámbito de investigación, el capítulo VIII refiere a la entrega vigilada, vigilancia electrónica, la figura del colaborador, el agente encubierto y la protección de víctimas y testigos, todos institutos que ya habían sido insertados en nuestra legislación por los artículos 5 y siguientes de la Ley 18.494, los que son derogados por esta Ley 19.574, para ser reemplazados con idéntica redacción. Lo único que cambia es la norma que los contiene, más no su contenido y regulación.

La novedad radica en la creación de dos nuevos delitos relacionados con la actuación de los sujetos referidos en el párrafo anterior. Es así que el artículo 66 de la norma analizada crea el delito de “revelación de medidas” que castiga al “funcionario público que, en razón o en ocasión de su cargo, revele las medidas de protección de naturaleza secreta, la ubicación de personas reubicadas o la identidad en aquellos casos en que se haya autorizado el uso de una nueva será castigado con pena de dos a seis años de penitenciaría e inhabilitación absoluta de dos a diez años”.

Por su parte, el artículo siguiente refiere al delito de “influencia en la actuación”, como una subespecie del delito de violencia privada, disponiendo que “el que utilizare violencia o intimidación con la finalidad de influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo para que modifique su actuación en el proceso o incumpla sus obligaciones con la Justicia, será castigado con la pena de doce meses de prisión a cuatro años de penitenciaría”.

Finalmente, el último capítulo de la Ley refiere a la “cooperación jurídica internacional”, recogiendo conceptos e institutos que también ya eran aplicables en nuestro ordenamiento sin efectuarle modificaciones, pero que, en base al objetivo de crear una “Ley integral antilavado” son incorporados a esta norma (10).

 

  1. Conclusiones

Sin dudas que estamos ante una Ley de destacada relevancia, toda vez que la misma tiene aspiraciones de transformarse en la herramienta central de regulación administrativa, procesal y penal en materia de investigación y represión del lavado de activos.

La norma cumple cabalmente con la función sistematizadora que le fue asignada, recopilando, actualizando y concentrando en un único instrumento, normativa que se encontraba dispersa y desactualizada.

A través de esta Ley también se buscó despejar obstáculos técnicos existente a la hora de perseguir ciertas conductas como el autolavado o el lavado propiamente dicho, cuando este no tiene aún una condena firme por el delito que le sirve de precedente.

Corresponderá a la doctrina y a la jurisprudencia determinar si la solución legislativa es eficaz.

Cabe resaltar como uno de los puntos más relevantes de esta norma, la inclusión del delito tributario -la defraudación tributaria- como delito precedente del lavado de activos. Este punto, que merece ser analizado en profundidad y en forma independiente, seguro generará dificultades de aplicación, ya que se elimina el requisito de procedibilidad de denuncia de la Administración Tributaria por resolución fundada, lo que lleva al Fiscal a colocarse en el lugar del “recaudador” y abocarse a determinar en un caso concreto, cuáles eran los hechos generadores y los tributos que se omitieron pagar, para luego entrar a analizar la tipicidad de la conducta del agente.

Finalmente, otro aspecto de destacada relevancia es la inclusión de nuevos sujetos obligados como los usuarios indirectos de Zona Franca, asociaciones civiles y demás grupos -vimos los problemas que genera la amplitud de la terminología empleada-, los Contadores y los Abogados, respecto de los cuales se quiso restringir su calidad de obligado sólo a las circunstancias en las que actúen a nombre y por cuenta de sus clientes, en ciertas operaciones reseñadas por la Ley.

 

 

 

 

 

 

 

(1) Aspirante a Profesor Adscripto de Derecho Penal I y II de la Facultad de Derecho, Universidad de la República, Posgrado en Derecho Penal Económico, Facultad de Derecho, Universidad de Montevideo.

(2) Las operaciones que se detallan son: a) promesas, cesiones de promesas o compraventas de inmuebles; b) administración de dinero, valores u otros activos del cliente; c)administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores; d) organización de aportes para la creación, operación o administración de sociedades; creación, operación o administración de personas jurídicas, fideicomisos u otros institutos jurídicos; e) creación, operación o administración de personas jurídicas, fideicomisos u otros institutos jurídicos; f) promesas, cesiones de promesas o compraventa de establecimientos comerciales: g) actuación por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria; h) la venta de personas jurídicas, fideicomisos u otros institutos jurídicos, cuando actúen a nombre propio o a nombre y por cuenta del cliente.

(3) Además, con relación a los Contadores, se agrega dentro de dichas operaciones: a)la confección de informes de revisión limitada de estados contables, y b) confección de informes de auditoría de estados contables.

(4) GAFI, en el marco de su recomendación número 8 expresa: “Los países deben revisar la idoneidad de las leyes y regulaciones relativas a las entidades que pueden ser utilizadas indebidamente para el financiamiento del terrorismo. Las organizaciones sin fines de lucro son particularmente vulnerables, y los países deben asegurar que éstas no sean utilizadas indebidamente: (a) por organizaciones terroristas que se presenten como entidades legítimas; (b) para explotar entidades legítimas como conductos para el financiamiento del terrorismo, incluyendo el propósito de escapar a medidas de congelamiento de activos; y (c) para esconder u ocultar el desvío clandestino de fondos, destinados a propósitos legítimos, de las organizaciones terroristas”.

(5) Se entiende por beneficiario final “a la persona física que, directa o indirectamente, posea como mínimo el 15% (quince por ciento) del capital o su equivalente, o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad, considerándose tal una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión o cualquier otro patrimonio de afectación o estructura jurídica”. La novedad radica por la última oración del literal B) del artículo 15 de la Ley que comentamos, la que dispone que “se entenderá también por beneficiario final a la persona física que aporta los fondos para realizar una operación o en cuya representación se lleva a cabo una operación”.

(6) De esta manera se busca evitar los pedidos de información genéricos, usualmente llamados “fishing expeditions”

(7) Téngase presente que la Ley de Rendición de Cuentas número 19.535 en su artículo 252 había consagrado como agravante específica del delito de defraudación tributaria el hecho de que se hubieren utilizado, en forma total o parcial, facturas o cualquier otro documento equivalente, ideológica o materialmente falsos, elevando la pena a un baremo de entre 2 y 8 años de penitenciaría.

(8) Ciertamente la inclusión de esta figura genera podría llegar a vulnerar ciertos principios penales como el de non bis in idem. Lo dicho se funda en la naturaleza misma del delito de asociación para delinquir, el que como su propia denominación enseña, es un delito meramente asociativo. Por su parte, el delito de lavado de activos, es en general y desde su génesis, un delito de encubrimiento real a través del cual se busca maquillar e insertar en un sistema formal efectos de otros delitos. Si se combinan ambas consideraciones, podremos apreciar que estaríamos ante un reproche penal sin bien jurídico dañado ni efectos delictivos, toda vez que la sóla asociación para delinquir no genera rédito económico de ningún tipo a la banda delincuencial, sino que lo que lo hace es la realización de algún delito de contenido patrimonial directo o indirecto.

(9) Acerca de la Recomendación número 4: “Los países deben adoptar medidas similares a las establecidas en la Convención de Viena, la Convención de Palermo y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, incluyendo medidas legislativas, que permitan a sus autoridades competentes congelar o incautar y decomisar lo siguiente, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe: (a) bienes lavados, (b) producto de, o instrumentos utilizados en, o destinados al uso en, delitos de lavado de activos o delitos determinantes , (c) bienes que son el producto de, o fueron utilizados en, o que se pretendía utilizar o asignar para ser utilizados en el financiamiento del terrorismo, actos terroristas u organizaciones terroristas, o (d) bienes de valor equivalente. Estas medidas deben incluir la autoridad para: (a) identificar, rastrear y evaluar bienes que están sujetos a decomiso; (b) ejecutar medidas provisionales, como congelamiento y embargo, para prevenir manejos, transferencias o disposición de dichos bienes; (c) adoptar medidas que impidan o anulen acciones que perjudiquen la capacidad del Estado para congelar o embargar o recuperar los bienes sujetos a decomiso; y (d) tomar las medidas de investigación apropiadas. Los países deben considerar la adopción de medidas que permitan que tales productos o instrumentos sean decomisados sin que se requiera de una condena penal (decomiso sin condena), o que exijan que el imputado demuestre el origen lícito de los bienes en cuestión que están sujetos a decomiso, en la medida en que este requisito sea compatible con los principios de sus legislaciones nacionales.”

(10) Cuando se refiere al instituto de la extradición, el legislador comete nuevamente le error de remitirse a la norma procesal penal ya derogada, haciendo alusión al “artículo 32 del Código del Proceso Penal”, omitiendo que en la nueva norma, dicho instituto se regula en los artículos 329 y siguientes. En el afán de aprobar la norma contrarreloj se incurrió en errores graves como este, donde se remite parte importante de una regulación a una norma hoy derogada.

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