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Gonzalo Hordeñana analizó el año 2017 en El Observador

Ley obliga a entidades financieras a revelar residencia fiscal...

Febrero 14, 2017 Comments (0) Views: 512 BLOGS

Análisis de la Ley de Transparencia Fiscal Internacional por Ana Laura Ghislandi

 

Ley de Transparencia Fiscal Internacional Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, registro de beneficiarios finales y titulares de participaciones nominativas, modificaciones tributarias respecto de las entidades de baja o nula tributación y ajustes al régimen de precios de transferencia.

 

El pasado 29 de diciembre de 2017 se aprobó en Uruguay la Ley 19.484 denominada “Ley de Transparencia Fiscal” la cual entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2017.

No se cuenta a la fecha con el decreto reglamentario que será de suma importancia para poder definir ciertos aspectos relevantes que han quedado sin definir en la ley y que se ha delegado en el Poder Ejecutivo.

La ley recoge en su texto varios temas, que apuntan a que Uruguay se encuentre en concordancia con los estándares internacionales relacionados a la transparencia fiscal internacional, intercambio de información tributaria y prevención de lavado de activos.

Hay cuatro grandes capítulos que componen el texto de la Ley de Transparencia que nos ocupa en el presente artículo y que a continuación repasaremos:

  1. Informe automático de saldos y rentas de origen financiero a la administración tributaria / Intercambio de información;
  2. Identificación del beneficiario final y de los titulares de participaciones nominativas;
  3. Normas aplicables a entidades residentes en países o jurisdicciones de baja o nula tributación (BONT);
  4. Ajustes al régimen de precios de transferencia del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas

 

1- Informe automático de saldos y rentas de origen financiero a la administración tributaria

En virtud del compromiso que Uruguay ha asumido en 2014 con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (“OCDE”), Uruguay ha establecido un marco normativo tanto a nivel de convenios internacionales como de ley interna para realizar el intercambio automático de información financiera a efectos fiscales. En ese sentido, la norma introduce cambios respecto del levantamiento del secreto bancario. La ley modifica a texto expreso el secreto bancario, estableciendo que será inoponible por las entidades financieras a la DGI, es decir, en el marco de la ley, las entidades financieras no podrán ampararse en el secreto bancario establecido en el artículo 25 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de septiembre de 1982.

En el marco del Common Reporting Standard (CRS), Uruguay se ha comprometido a comenzar a intercambiar información con fines fiscales de modo automático para el año 2018. Este primer capítulo de la ley brinda el marco jurídico interno para que las entidades financieras puedan cumplir sus obligaciones. La vigencia de la ley que se detalla en el presente artículo es a partir del 1 de enero de 2017.

 

A- Personas abarcadas en el intercambio:

Las entidades financieras residentes o sucursales en Uruguay de entidades financieras extranjeras deberán suministrar anualmente a la Dirección General de Impositiva cierta información en relación con cuentas mantenidas por personas físicas, jurídicas u otras entidades que configuren residencia fiscal en otro país o jurisdicción, ya sean residentes o no residentes fiscales.

Es decir que la norma indica que la información será suministrada ya sea para cuentas de residentes o no residentes sean estas personas físicas o jurídicas.

 

B- Información a suministrar por parte de los obligados (entidades financieras) a la DGI:

  • Datos identificatorios del titular de la cuenta;
  • Número de cuenta;
  • El saldo o valor de la cuenta al cierre del año civil así como su promedio anual durante el referido año o, en el caso de cancelación de la cuenta, la cancelación de la misma;
  • Toda ganancia o rendimiento generado por el saldo o valor en cuenta y por activos financieros en custodia o en inversión por cuenta y orden de terceros, cualquiera sea su naturaleza o denominación;
  • Es importante destacar que en los casos que el titular sea una entidad no financiera pasiva o sea considerada de alto riesgo en materia de evasión fiscal se deberá informar el beneficiario (según los criterios que definirá el Poder Ejecutivo). Es una entidad no financiera pasiva aquella cuyos ingresos pasivos superan el 50% de los ingresos brutos o mas del 50% de sus activos generan rentas pasivas. En el resto de los casos no se informaría el beneficiario de la cuenta. Mas adelante detallaremos el mecanismo de intercambio.

 

Se excluye de informar lo relativo a cuentas mantenidas en sucursales de entidades financieras residentes situadas en el exterior.

De acuerdo a lo previsto por la ley, se delega al Poder Ejecutivo la potestad de excluir reportar a aquellas cuentas financieras cuando su saldo o valor promedio anual sea inferior a determinado monto. En este sentido y según declaraciones del Ministerio de Economía la exclusión se daría para cuentas de residentes si su valor es inferior a U$ 50.000, para cuentas de no residentes personas jurídicas si su valor es inferior a U$ 250.000 y cuentas de no residentes personas físicas si su valor es inferior a U$ 1.000.000. Sin embargo, al no existir un decreto reglamentario por el momento no podemos expedirnos sobre éste punto sensible.

Las entidades financieras deberán comunicar por cualquier medio a sus clientes, 45 días antes del primer suministro que los datos de los que son titulares podrán ser revelados.

 

C- Sujetos obligados a brindar información a la DGI:

 

La presente ley determina que son las “entidades financieras” las obligadas a suministrar la información. En este sentido la definición ha sido sumamente amplia, abarcando a las entidades sujetas al control del Banco Central del Uruguay (BCU) y otras entidades que lleven adelante actividades vinculadas con cuentas financieras o activos financieros aún si no se encuentran bajo la órbita del BCU. Se excluyen las sucursales localizadas en el exterior de entidades financieras residentes en Uruguay.

En este sentido deberán suministrar la información:

  • Las instituciones de intermediación financiera;
  • todas aquellas entidades que realicen actividad de custodia o de inversión por cuenta y orden de terceros, aun cuando no estén bajo la supervisión del Banco Central del Uruguay. Dichas entidades estarán obligadas a informar aún en el caso que sean administradas por otra entidad financiera obligada a informar;
  • las entidades de seguro, con relación a los contratos de seguro, cuando los mismos establezcan el reconocimiento del componente de ahorro en la cuenta individual, y los contratos de renta vitalicia.

Se establece en la ley que el Poder Ejecutivo podrá excluir de la obligación de informar a determinadas entidades financieras en atención a su objeto y bajo riesgo fiscal (aún no se ha expedido sobre este punto).

Las entidades financieras sujetas a informar tendrán sanciones importantes por el no cumplimento de esta normativa.

 

D- Debida diligencia:

Las entidades financieras, que son los sujetos obligados a brindar la información a la DGI, deberán identificar la residencia a los efectos fiscales de las personas físicas, jurídicas u otras entidades que mantengan cuentas en ellas, es decir de los titulares de las cuentas. Y esta misma obligación será necesaria para los beneficiarios.

Para las nuevas cuentas y a partir de la vigencia de la ley, no podrán abrirse nuevas cuentas, ni emitir títulos de deuda o participación sin cumplir con el requisito de declarar la residencia fiscal de las personas físicas, jurídicas u otras entidades y del beneficiario final.

En cuanto a las cuentas abiertas con anterioridad a la presente ley el Poder Ejecutivo podrá autorizar que las entidades le soliciten esta información así como también podrá excluir ciertas cuentas, sin embargo aún no hay un procedimiento respecto de estos puntos.

Es decir, existirá un procedimiento para las cuentas preexistentes (antes del 31/12/16), cuentas nuevas (a partir del 1/01/17), cuentas de personas físicas, personas jurídicas, cuentas bajo valor, cuentas alto valor, y cuentas de entidades no financieras pasivas y de alto riesgo en materia de evasión fiscal.

Los plazos, formas y condiciones en que debe realizarse la comunicación quedaránsujetos a la reglamentación del Poder Ejecutivo.

 

E- Utilización de la información – Reserva –secreto profesional:

La información suministrada podrá ser utilizada por la DGI para el cumplimiento de sus deberes recaudatorios y para el intercambio de información en el marco de los acuerdos como analizamos. La información será secreta y será sujeto de sanción con pena el no cumplir con la reserva de la información.

El secreto profesional no será oponible a la DGI.

Mecanismo de intercambio:

 

Tal como se menciona en el artículo 1 de la ley, la misma debe ser interpretada en el marco del cumplimiento de los convenios adoptados por Uruguay por los compromisos asumidos en el CRS.

En este sentido, la información en poder de la DGI relativa a los no residentes, a partir de 2018 será intercambiada en forma automática con:

  • Países que hayan suscripto la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal;
  • Países con los que tenga un Tratado de Intercambio de Información (TIEA) bajo el modo automático;
  • Países con los que tenga un Tratado para Evitar la Doble Tributación(DTA) y que en el articulo 26 establezcan el intercambio automático de información;

Con aquellos países que Uruguay tenga un tratado de intercambio de información a requerimiento (sea TIEA o DTA) se deberán seguir las formalidades establecidas en dichos tratados y sigue siendo regulado por los decretos 313/011, 253/012 y 378/013, no existiendo modificaciones en este aspecto.

 

2- Identificación del beneficiario final y de los titulares de participaciones nominativas

El objetivo de este capítulo es poder identificar a los beneficiarios finales en las estructuras jurídicas, lo cual rige a partir del 1 de enero de 2017. Si bien en Uruguay existe un registro de los accionistas de las sociedades con acciones al portador (titulares de participaciones patrimoniales al portador según establece la ley 18.930) en el Banco Central del Uruguay (BCU) esta ley prevee la identificación de los beneficiarios en cualquier estructura la cual quedará en la órbita del también del BCU. Es decir que la presente ley amplia en dos sentidos la identificación de los titulares de participaciones, por un lado comunicar los beneficiarios para el caso de las participaciones al portador y por otro comunicar los titulares y beneficiarios para los titulares de participaciones nominativas.

El acceso a esta información que tendrá el BCU será por parte de la DGI, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (SENACLAFT), Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Poder Judicial en temas penales y de alimentos y la Junta de Transparencia y Etica Pública.

La ley define a beneficiario final a toda persona física que directa o indirectamente, posea como mínimo el 15% del capital o su equivalente, o de los derecho de voto, o que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad. Se entenderá como control final el ejercido directamente o indirectamente a través de una cadena de titularidad o a través de cualquier otro medio de control.

La entidad deberá informar los beneficiarios finales mediante declaración jurada identificando los porcentajes de participación hasta el total del capital aunque los desconozca.

Es decir que si por ejemplo una sociedad uruguaya pertenece a varias sociedades del exterior se deberá identificar las personas físicas accionistas de estas sociedades del exterior hasta llegar al último beneficiario, llegando al 100% del capital. Si en el caso de una de las sociedades del exterior se desconoce el beneficiario final igual se debe informar esta sociedad del exterior y la entidad tendrá las sanciones debidas.

Esta obligación es para todas las entidades residentes y para las entidades no residentes que:

  • cuenten con un establecimiento permanente
  • radique en territorio nacional su sede de dirección efectiva (dirección y control) para el desarrollo de actividades empresariales en el país o en el exterior
  • Sean titulares de activos situados en el territorio nacional por un valor superior a 2.500.000 Unidades Indexadas (lo cual equivaldría a aproximadamente U$ 300.000 al 31.12.2016).
  • Fondos de inversión y fideicomisos del exterior cuyos administradores o fiduciarios sean residentes en territorio nacional.

Las entidades no obligadas a este registro son:

  • Las sociedades personales o agrarias si la totalidad de sus cuotas pertenecen a personas físicas y estos sean sus beneficiarios finales.
  • Las sociedades de hecho o civiles integradas exclusivamente por personas físicas y estos sean sus beneficiarios finales.

Los plazos para la identificación son los establecerá el Poder Ejecutivo pero no podrá extender el 30 de septiembre de 2017 para las entidades residentes y las no residentes con establecimiento permanente o sede de dirección efectiva; 30 de junio de 2018 para las entidades emisoras de acciones o participaciones nominativas o escriturales, sociedades personales y demás entidades.

Se deberán informar (vía declaración jurada) todos los cambios en la titularidad de las entidades con un plazo de 30 días de ocurrido el cambio o 90 días en el caso que los beneficiarios no sean residentes.

 

Existirá un régimen sancionatorio en el caso de que la entidad no cumpla con los registros correspondientes lo cual será controlado por la Auditoría Interna de la Nación y los mismos serán:

  • Incumplimiento de identificar y comunicar a los beneficiarios finales o modificaciones o la no conservación de la documentación respaldante 100 veces la multa por contravención (U$ 23.000 dolares americanos aproximadamente a valores del 31/12/2016).
  • No se podrán pagar utilidades ni distribuir dividendos, rescates, recesos o el resultado de la liquidación de la entidad a los titulares o beneficiarios. En caso de incumplimiento la multa máxima será el equivalente al monto distribuido.
  • La falta de presentación de las declaraciones juradas al BCU determinará la suspensión del certificado único (emitido por la DGI).
  • El uso de formas jurídicas inadecuadas que impidan conocer a su beneficiario final o induzca a error tendrá una multa máxima de hasta mil veces el valor máximo de la multa por contravención (U$ 230.000 dolares americanos a valores del 31/12/2016).
  • No se podrán inscribir actos y negocios jurídicos en los Registros dependientes de la Dirección General de Registros del Ministerio de Educación y Cultura.

 

3- Normas aplicables a entidades residentes en países o jurisdicciones de baja o nula tributación (BONT)

La presente ley busca desestimular la utilización de entidades BONT  que se beneficien de un régimen especial de baja o nula tributación.

No está establecido cuales son las entidades BONT, lo cual será determinado por el Poder Ejecutivo. La ley menciona que serán aquellas que no cumplen los requerimientos de la tasa mínima efectiva de tributación por no alcanzar niveles de colaboración y de transparencia. A los efectos de la normativa de Precios de Transferencia el Poder Ejecutivo deberá confeccionar una nómina de los países, jurisdicciones y regímenes especiales que preceptivamente sean considerados de baja o nula tributación.

Los cambios tributarios introducidos en la ley son los siguientes:

 

A- Cambios en el Impuesto a la Renta de Actividades Económicas (IRAE):

Se considerará de fuente uruguaya y por lo tanto estará gravada a una tasa de IRAE de 25% la transferencia de acciones y otras participaciones de entidades BONT cuando más del 50% de su activo –valuado según normas de IRAE- se integre directamente o indirectamente por bienes situados en Uruguay.

 

B- Cambios en el Impuesto a la Renta de Personas Físicas (IRPF):

Las rentas de capital obtenidas por las personas físicas residentes para efectos fiscales en Uruguay que participen en el capital de entidades BONT, deberán calificarse  como dividendos o utilidades distribuidos a la persona física residente en función de su participación en el patrimonio y  se presumirán devengadas en el momento en que sean percibidas por la entidad en el exterior, gravándolas al 12% desde su obtención. Las rentas que se asignarán serán las derivadas de rendimientos de capital (mobiliario e inmobiliario) e incrementos patrimoniales (venta de acciones, bonos, inmuebles, etc.) tanto obtenidos en Uruguay como en el exterior.

Hasta el momento, las personas físicas residentes para efectos fiscales en Uruguay solo imputaban como propias los rendimientos de capital mobiliario del exterior, a lo cual se agrega los incrementos patrimoniales si la inversión en el exterior es canalizada a través de una sociedad BONT.

La reglamentación establecerá como será la forma de cálculo de los incrementos patrimoniales a los efectos de la liquidación del IRPF.

Se gravará por IRPF a las personas físicas por las rentas obtenidas en enajenaciones de acciones y otras participaciones patrimoniales de entidades BONT con más del 50% de su activo en Uruguay.

 

C- Cambios en el Impuesto a la Renta de No Residentes (IRNR):

Para operaciones de entidades BONT con partes vinculadas contribuyentes de IRAE se considerará de fuente uruguaya, salvo que se declare la no vinculación, las rentas obtenidas provenientes de las siguientes operaciones:

  • Importación de bienes realizada por contribuyente de IRAE a entidad BONT vinculada
  • Venta de bienes en el exterior realizados por entidad BONT que hayan sido previamente adquiridos a exportados por contribuyentes de IRAE.

En ambos casos, la renta obtenida en el exterior se presumirá, salvo prueba en contrario, que la renta gravada obtenida en el exterior es el 50% del precio correspondiente, el que no podrá ser inferior al valor en aduana en el caso de la importación y del precio mayorista en el lugar de destino en el otro caso. Estas rentas pasaran a estar gravadas por IRNR al 25%.

El contribuyente de IRAE será solidariamente responsable por el pago del IRNR de la empresa del exterior.

Para operaciones de entidades BONT con partes NO vinculadas pasarían a estar gravadas  las siguientes operaciones:

  • Las rentas correspondientes a la enajenación de bienes intangibles adquiridos por contribuyentes de IRAE cuyo destino sea la utilización económica en territorio nacional. Estas rentas estarían gravadas por IRNR al 25%.
  • Las rentas provenientes de bienes inmuebles situados en territorio nacional estarán gravadas por la tasa general más una tasa complementaria del 5.25%, con lo cual la tasa efectiva de IRNR sería un 30.25%.
  • Las rentas provenientes de incrementos patrimoniales por la enajenación o promesa de enajenación de bienes inmuebles situados en territorio nacional solo se podrán determinar sobre base real, a partir del 01/01/2018.
  • Para las restantes rentas obtenidas en otras transmisiones patrimoniales de activos situados en territorio nacional, la renta ficta gravada por el IRNR pasa a ser del 30% en lugar del 20%. Por ejemplo la enajenación de acciones de una sociedad anónima uruguaya que antes estaba gravada al 2,4% estará ahora gravada a una tasa del 7,5% sobre el precio de venta.

 

D- Exoneración transitoria del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales (ITP) e Impuesto a la Renta de No Residentes (IRNR):

Se exonera de IRNR y del ITP a ambas partes, las transmisiones patrimoniales realizadas por entidades BONT si se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones:

  • Se realicen antes del 30/06/2017
  • El adquiriente no sea una entidad BONT
  • Se solicite la clausura de la entidad ante la DGI

A los efectos de determinar la renta gravada en su posterior venta el costo fiscal estará dado por el valor de adquisición debidamente actualizado según normas fiscales, que tuvo la sociedad BONT.

 

E- Impuesto al Patrimonio (IP) e Impuesto de Control a las S.A. (ICOSA):

Las entidades BONT pasarán a tributar un IP de 3% (actualmente 1,5%).

Las sociedades BONT que sean redomiciliadas en el país adoptando el tipo de sociedad anónima bajo la Ley 16.060 pasaran a estar sujetas a ICOSA a partir del momento de culminación de los trámites formales.

 

F- Régimen especial abreviado para la redomiciliación a Uruguay

Se crea un régimen especial para las sociedades constituidas en el extranjero que se propongan establecer su sede principal en el país o cuyo principal objeto esté destinado a cumplirse en el mismo, y que modifiquen su estatuto adoptando el tipo de sociedad anónima regido por la ley 16.060.

Las mismas podrán ampararse al régimen abreviado de fiscalización del órgano estatal de control que establezca la reglamentación debiendo:

  • Adoptar los modelos de estatutos estandarizados y certificados que provea este órgano
  • Dar cumplimiento a los requisitos de inscripción y publicación previstos por la citada ley para el tipo social que se adopta.

El plazo para ampararse a él régimen especial es hasta el 30 de junio de 2017.

4_Ajustes al régimen de precios de transferencia del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas

Se establecen nuevas exigencias adecuando a los estándares BEPS (Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios) para los contribuyentes de IRAE que operen con vinculadas, dependiendo del monto de facturación lo cual será definido por el Poder Ejecutivo pero se estima estará en línea con los estándares fijados por la OCDE.

Los sujetos pasivos de IRAE que integren un grupo multinacional de gran dimensión económica y que presenten algunos supuestos de vinculación deberán presentar un informe país por país tal como lo exigen los acuerdos internacionales. Se prevee además la presentación de un “informe maestro” que contendrá información del grupo multinacional.

 

Contacto:

Ana Laura Ghislandi

International Tax Partner

anag@bakertillyuruguay.com.uy

+598 29170045

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