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Jurisprudencia relevante

Abril 25, 2017 Comments (0) Views: 1138 BLOGS, Normativa

¿Cuánto le cuesta al Estado los casos de Prisión Indebida?

El Dr. Fernando Posada, del Departamento Legal de Baker Tilly, elaboró un profundo informe sobre los costos que tiene para el Estado los casos de Prisión Indebida. En base a este informe el periódico El Observador elaboró un trabajo periodístico analizando el tema.  A continuación presentamos el informe completo elaborado por el Dr. Posada.

 

-INFORME-

CONDENAS CONTRA EL ESTADO POR DAÑO MORAL EN MATERIA DE PRISIÓN INDEBIDA

El Departamento Legal de Baker Tilly Uruguay elaboró el presente informe con el objeto de analizar la tendencia jurisprudencial de los últimos años en materia de condenas contra el Estado por daño moral emergente de situaciones de prisión indebida.

Introducción

El objetivo del presente trabajo consiste en analizar el costo que le genera al estado su actividad jurisdiccional en materia de prisión indebida y, por contrapartida, el valor de la indemnización a la que tiene derecho la persona que fue sometida injustamente a una de privación de libertad.

Concretamente lo que se hizo fue analizar todas las sentencias disponibles en las bases de datos públicas y privadas relativas al período 2010 a 20161, enfocándonos concretamente en el rubro daño moral, para en base a ello analizar la consideración de nuestra jurisprudencia respecto del valor que le asigna al padecimiento que sufre la persona que es enviada a prisión en forma indebida.

Sin perjuicio de que algunos tribunales optan por el criterio de establecer una indemnización general, mientras que otros prefieren determinar un valor por cada día de prisión indebida, a efectos de unificar el criterio, en todos los casos se dividió el monto de la indemnización por daño moral entre los días en que la persona estuvo recluida, de forma tal de arribar a un valor diario de indemnización y así tener un criterio único que sirva para comparar con otros tribunales y evaluar la variación de dicho criterio a lo largo del tiempo.

En definitiva, en el presente estudio podrá apreciarse el promedio de condena por día en dólares en primera y segunda instancia, así como el promedio de cada Tribunal, la variación de dichas condenas a lo largo de los años, la cantidad de sentencias que se confirman en segunda instancia y las que son revocadas, todo con relación al daño moral que padece el sujeto que sufre una prisión indebida.

(1) Se estudiaron los datos de un total de 94 sentencias. Partiendo del estudio de 47 sentencias de segunda instancia, se cotejaron los datos correspondientes de las mismas y, a su vez, se extrajeron los datos de las 47 sentencias de los Juzgados Letrado en lo Contencioso Administrativo –Montevideo- que en el caso habían sido apeladas. (Nota: aquellas sentencias dictadas en el período de referencia que no contaban con el detalle de todos los datos necesarios para el presente análisis, no fueron tomadas en cuenta).

 

Normativa

La obligación del Estado de responder por los perjuicios que le genere a los individuos en el desempeño de sus funciones tiene acogimiento constitucional, disponiendo el artículo 24 lo siguiente: “El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y, en general, todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección.”

Pero no sólo la Carta refiere al asunto, sino que en materia de prisión indebida encontramos una norma específica que, sin lugar a dobles interpretaciones regula esta situación. Nos referimos al artículo 4 de la ley 15.859 de abril de 1987 que establece que “Quien haya sufrido prisión preventiva en un proceso penal sin haber sido en definitiva condenado a pena privativa de libertad por lo menos igual al lapso de prisión preventiva sufrida, tendrá derecho a recibir del Estado la indemnización en dinero de los perjuicios materiales y morales que dicha prisión preventiva -el exceso de ella, en su caso- le hubieren causado”.

Por lo tanto, sin perjuicio de las discusiones que existen acerca del alcance de estas disposiciones, a los efectos del presente estudio basta con referir que el marco normativo imperante hace responsable al Estado por su actividad jurisdiccional y claramente lo obliga a responder civilmente, si se quiere casi en forma automática, ante aquellas personas que hayan sufrido una situación de prisión indebida.

 

Sobre la prisión indebida

Dicho esto, sólo resta determinar en qué situaciones puede configurarse un caso de prisión indebida y su consecuente indemnización, existiendo básicamente las siguientes posibilidades: a) la revocación de un procesamiento con prisión, ya sea por el propio juez que lo dictó o por un tribunal superior en una hipótesis de apelación; b) el dictado de un sobreseimiento, el cual puede decretarse en cualquier momento del proceso y, especialmente, en la etapa de deducir acusación por parte de la Fiscalía, y c) el dictado de una sentencia condenatoria que imponga una pena de reclusión inferior a los días que el sujeto ya sufrió en carácter de prisión preventiva.

En primer lugar, nos referimos a la situación en la que un sujeto es procesado con prisión y su defensa recurre la sentencia que dispone dicho enjuiciamiento. La decisión que lo revoca puede provenir en principio, del propio juez que dictó el procesamiento, ya que el recurso de apelación se presenta en conjunto con el de reposición, lo que le da la posibilidad al juez de primera instancia de revocar “por contrario imperio” su propia decisión antes de franquear la apelación. Si él no lo hace y mantiene la decisión de enjuiciar, debe remitir el expediente al Tribunal de Apelaciones que por

turno corresponda, quién tendrá la posibilidad de revocar el procesamiento dictado. En ese caso, todo el tiempo que el sujeto pasó sometido a prisión preventiva en virtud de un procesamiento que luego fue revocado, se considera prisión indebida, por lo que opera el resarcimiento del que hablamos.

Cabe aclarar que para nuestro ordenamiento jurídico la prisión preventiva debería tener naturaleza meramente cautelar. Esto quiere decir que, en teoría, sólo debería disponerse la misma en los casos en que exista algún tipo de peligro, ya sea de fuga, de que se frustre alguna prueba o de que vuelva a cometer otro delito, todo lo cual amerite la reclusión del sujeto. Fuera de dichas hipótesis, el procesamiento debería decretarse sin prisión y aguardarse a que recaiga la sentencia definitiva para que el sujeto pase a estar privado de libertad ya no en cumplimiento de una medida cautelar, sino en cumplimiento de la pena a la que fue condenado. Sin embargo, el propio diseño de nuestro proceso penal actual ha degenerado la naturaleza y finalidad de la prisión preventiva, la cual en los hechos ha pasado de ser la excepción para transformarse en regla, siendo un acompañamiento más que frecuente de los procesamientos que se dictan.

La segunda hipótesis a la que hacíamos referencia respecto de la cual se puede configurar una prisión indebida, está asociada al instituto del sobreseimiento –implica la absolución del imputado-, el cual puede recaer no sólo en la etapa de plenario –etapa final del proceso penal, donde el Fiscal interpone su acusación, la Defensa contesta y el Juez, finalmente decide-, sino en cualquier momento del proceso donde se entienda que no existen fundamentos para continuar con el enjuiciamiento dictado.

Por último, también puede suceder que el sujeto sea procesado con prisión y que la condena que recaiga sobre el mismo sea inferior al tiempo que estuvo privado de libertad en concepto de prisión preventiva. Ejemplifiquemos: un sujeto es procesado por el delito de hurto y, por las razones que fueran, dicho procesamiento se dicta con prisión. El proceso tarda 9 meses en llegar a la etapa resolutiva y, cuando se dicta sentencia definitiva se lo condena a la pena de 6 meses de prisión, por lo que el sujeto estuvo recluido tres meses más de lo que debió. Dicho exceso configura una situación de prisión indebida.

 

El denominador común utilizado: el daño moral

El criterio utilizado para la presente comparativa fue el del daño moral, en razón de que lo que se quiso determinar fue la consideración que tiene para nuestros tribunales el padecimiento que se genera a un sujeto que se lo encarcela en forma injusta. En virtud de ello, se dejaron fuera de la comparativa otros ítems que también son habituales de encontrar a la hora de iniciar un reclamo por daños y perjuicios contra el Estado, tales como el daño material, el lucro cesante, la pérdida de chance, etc.

La razón de esta opción radica en que todos los otros rubros van a variar según las circunstancias de la persona recluida. Es así que el lucro cesante o la pérdida de chance de una persona que al momento de ser procesada tenía un trabajo estable e ingresos considerables, no será el mismo que el de otra persona que se encontraba desocupada.

Por lo tanto, el criterio que equipara e iguala a todos los enjuiciados es el del daño moral, el cual se supone que refiere concretamente al sufrimiento que padece la persona por el hecho de estar privado de libertad en forma injusta. En base a ello, este trabajo se basó en recoger y comparar las condenas por este rubro tanto en primera como en segunda instancia y, en base a ello, analizar las tendencias jurisprudenciales en la materia, así como su evolución en el período de referencia –desde el año 2010 a la fecha-.

En mérito a lo dicho y basándonos en todas las sentencias disponibles de Tribunales de Apelaciones en lo Civil respecto a este tema, se analizaron las condenas en primera y segunda instancia, las variaciones entre unas y otras, el promedio de condena por día por cada uno de los tribunales sentenciantes y la tendencia y variabilidad a través de los años.

 

Promedio de días de prisión indebida

Las sentencias analizadas contemplan distintas situaciones de hecho, siendo extremadamente variables las cantidades de días de reclusión indebida según el caso, señalándose por ejemplo que la menor de todas refiere a una privación de libertad de 46 días y la mayor a 2717.

Por lo tanto, a pesar de la variedad de situaciones analizadas, el primer dato que se puede extraer a este respecto es que, durante el período analizado –de 2010 a la fecha- el promedio de días de prisión indebida que sufrió cada uno de los reclamantes es de 552 días, es decir, aproximadamente un poco más de un año y medio.

 

Condenas en primera instancia

La materia reparatoria patrimonial contra el Estado en la capital debe sustanciarse ante los Juzgados Letrados de Contencioso Administrativo de Primer a Cuarto Turno.

De todas las sentencias relacionadas, pasan a detallarse los promedios diarios de condena por concepto de prisión indebida por Juzgado, en dólares.

 

 

De las sentencias relacionadas, emerge que en Primera Instancia al Estado le cuesta en promedio la suma de U$S 61 dólares cada día que remite a prisión a un particular en forma indebida. La mayor consideración en materia de daño moral por prisión indebida en el período de referencia, proviene del Juzgado Letrado en lo Contencioso Administrativo de Cuarto Turno, mientras que el más conservador en dicho rubro es el de Primer Turno, con condenas que en promedio rondan casi la mitad del otro.

 

Condenas de segunda instancia

La segunda instancia de este tipo de asuntos es competencia en nuestro ordenamiento jurídico de los Tribunales de Apelaciones en lo Civil.

Como podrá apreciarse, el promedio de condena por día en la mayoría de los casos es sensiblemente inferior al determinado por los jueces de primera instancia.

Como se aprecia, el padecimiento moral en segunda instancia es valorado de forma más conservadora de lo que se valora en primera, siendo la condena promedio 10 dólares más baja. Como se aprecia, los Tribunales de Apelaciones que mejor contemplan las indemnizaciones pretendidas por los reclamantes son los de Quinto y Séptimo turno, mientras que el que fue más restrictivo al respecto en el período de referencia es el Tribunal de Sexto turno.

(Nota: de las bases de datos relacionadas no surgen datos de sentencias por estos rubros dictadas por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Primer Turno).

 

Variación del monto de condena según tiempo de reclusión

Otro dato a tener en consideración es la variación del monto de condena diario en relación al tiempo de reclusión total sufrido por el individuo.

En este sentido, podemos ver cómo el monto diario de condena por daño moral disminuye a medida que aumentan los días de reclusión que sufrió el reclamante, tanto en primera como en segunda instancia.

De esta manera, puede apreciarse cómo en condenas que refieren a tiempos de reclusión menores a un año, el daño moral en primera instancia es fijado en la suma de 77 dólares diarios en promedio, mientras que en situaciones que refieren a reclusión indebida de entre uno y dos años, el monto en promedio es sensiblemente menor, estableciéndose en 51 dólares diarios, para recaer a 35 dólares diarios de promedio en reclusiones que superaron los dos años.

Dicha depreciación en razón del aumento del tiempo también se da en las condenas de segunda instancia dictadas por nuestros Tribunales de Apelación en lo Civil. Es así que en reclusiones inferiores a un año, el daño moral se estableció en la suma de 58 dólares diarios en promedio, mientras que en las mayores a un año y menores a dos, dicho monto fue promedialmente de 49 dólares diarios y finalmente, en prisiones indebidas que superaron los dos años, la media del monto de condena diario fue de 37 dólares.

 

 

Evolución de los montos de condena por año

Otro aspecto que merece la pena ser considerado es el de la evolución de los montos de condena a través de los años, tanto en primera, como en segunda instancia. En este punto, lo que se hizo fue determinar un promedio anual de primera y segunda instancia, para analizar luego la variabilidad de los montos de condena a través del tiempo en comparación entre ambas instancias.

Cabe aclarar que el presente estudio se hizo tomando en consideración las sentencias de segunda instancia dictadas a partir del año 2010, por ello es que del año 2009 tenemos sólo datos de primera instancia, los cuales se corresponden a sentencias que fueron apeladas y dicha apelación fue resuelta en el año 2010.

 

 

Resultados de las apelaciones presentadas

Otro de los datos interesantes que surgen del presente análisis es los resultados de los recursos de apelación presentados, es decir, cuantas sentencias de primera instancia son confirmadas en segunda instancia, cuantas se revocan y se condena por un monto mayor al de primera instancia y cuantas se revoca, pero condenando por un monto inferior.

 

Como se aprecia, la mayoría –el 60%- de las sentencias dictadas en primera instancia son revocadas por los Tribunales de Apelaciones con relación a la condena por daño moral. Dichas sentencias revocatorias, a su vez, deben discriminarse entre aquellas que aumentan el monto de la condena fijado por el Juzgado sentenciante en primera instancia y aquellas que rebajan el mismo.

En resumen:

Conclusiones

Como se dijo en la introducción, la finalidad del presente trabajo consistió en adentrarse en el tema reparatorio patrimonial contra el Estado, especialmente en materia de daño moral por prisión indebida.

Luego de haber hecho un encuadre normativo de la situación, pasamos a analizar los distintos datos que nos arroja la compulsa de las sentencias de segunda instancia dictadas en dicha materia desde el año 2010 a la fecha, así como los datos de las sentencias de primera instancia que fueron sujeto de apelación.

De esa manera, puede determinarse que el padecimiento que sufre una persona por estar injustamente recluido, en primera instancia está evaluado a razón de U$S 61 por día, mientras que, en promedio, en segunda instancia la consideración es más restrictiva, siendo de U$S 51 por día.

A su vez, vimos como los montos de condena diarios decrecen a medida que aumenta el tiempo de reclusión que sufrió el reclamante. Es así que en primera instancia, en casos de reclusiones inferiores al año, la condena se fijó en la suma de U$S 77 diarios de promedio, mientras que cuando el lapso de reclusión superó los dos años, dicho monto en promedio descendió a U$S 35 diarios. En segunda instancia se pudo apreciar el mismo fenómeno, siendo de U$S 58 la condena diaria promedio en situaciones de reclusión inferiores al año y de U$S 37 la media cuando la prisión indebida superó los dos años.

Por último, vimos que el porcentaje de sentencias dictadas en primera instancia que son revocadas en segunda ronda el 60% y que de esas revocatorias a su vez, sólo el 39% es en beneficio del reclamante, mientras que el 61% restante rebaja la condena inicialmente determinada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia.

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