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Entrevista a Emilio Tuneu en El Observador: “A Uruguay...

Gobierno suma obligaciones sobre prevención de lavado

Febrero 15, 2017 Comments (0) Views: 511 BLOGS

Más entidades están obligadas a identificar a titulares de acciones y participaciones patrimoniales

La ley de Transparencia Fiscal Internacional, Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, promulgada el 5 de enero y aún pendiente de reglamentación, amplió el espectro de entidades que están obligadas a informar la identidad de portadores de acciones y participaciones patrimoniales. Aunque la reglamentación aclarará aún más algunos puntos, podemos realizar una lectura previa con base en la ley. En este artículo analizaremos el segundo capítulo de la ley, denominado:

 

 

IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO FINAL Y DE LOS TITULARES DE PARTICIPACIONES NOMINATIVAS

 

Los artículos 22 a 42 de la ley con el rótulo “identificación del beneficiario final y de los titulares de participaciones nominativas” regulan la segunda etapa de identificación de titulares de acciones y/o participaciones patrimoniales que comenzara en 2012 con la ley número 18.930.

Este capítulo de la ley amplía el espectro de entidades obligadas y la información a enviar al Banco Central del Uruguay.

 

¿Qué obligaciones establece la ley?

Las entidades obligadas deberán:

  • Identificar inequívocamente a los beneficiarios finales;
  • Contar con documentación que acredite fehacientemente al beneficiario;
  • Informar al Banco Central del Uruguay (BCU) los porcentajes de participación que detentan:
    • Los beneficiarios finales, aquéllos que cumplen con el concepto de la ley;
    • Los que no cumplen con el concepto de la ley;
    • Los que se desconocen;
    • La cadena de titularidad cuando el beneficiario final lo sea indirectamente;
  • Informar al BCU de cualquier modificación en la comunicación registrada;
  • Se amplía la obligación por la que se deberá comunicar titulares y su porcentaje al BCU de:
    • sociedades anónimas con acciones nominativas o escriturales;
    • sociedad en comandita por acciones;
    • asociaciones agrarias;
    • cualquier persona o entidad habilitada para emitir participaciones o títulos nominativos;
  • Conservar la documentación que respalde la información proporcionada en las mismas condiciones establecidas para los libros sociales obligatorios;

 

¿Cuáles son las entidades obligadas?

  • Entidades residentes;
  • Entidades no residentes que cumplan alguna de las siguientes condiciones:
    • Actuar en Uruguay a través de un Establecimiento Permanente;
    • Tengan su sede de dirección efectiva en Uruguay;
    • Sean titulares de activos situados en Uruguay por un valor superior a UI 2.500.000 (aproximadamente U$S 300.000) valuados por IRAE;
    • Todas aquellas entidades que realicen actividad de custodia o de inversión por cuenta y orden de terceros, aun cuando no estén bajo la supervisión del Banco Central del Uruguay. Dichas entidades estarán obligadas a informar aún en el caso que sean administradas por otra entidad financiera obligada a informar;

 

¿Qué se entiende por beneficiario final, control final y entidad?

  • Persona física que directa o indirectamente posea como mínimo el 15 % de:
    • Capital o equivalente;
    • Derechos de voto;
    • Ejerza control final sobre una entidad;
  • Control final es el ejercido directa o indirectamente a través de una cadena de titularidad o a través de cualquier otro medio de control;
  • Se consideran entidades:
    • Personas jurídicas;
    • Fideicomisos (se deben identificar a las personas físicas, ya sean fideicomitentes, fiduciarios o beneficiarios que cumplan con las condiciones del primer punto);
    • Fondos de inversión;
    • Cualquier otro patrimonio de afectación o estructura jurídica;

 

¿Cuál es plazo para comunicar?

  • Entidades obligadas por ley 18.930: 30/09/2017;
  • Entidades emisoras de acciones nominativas, sociedades personales y demás entidades: 30/06/2018;
  • Plazo, forma y condiciones quedarán sujetos a la reglamentación del Poder Ejecutivo;

 

¿Desde cuándo deben comenzar a obtener las informaciones?

  • 1º de enero de 2017;

 

¿Qué sanciones establece la ley?

  • Por no identificar a beneficiarios y/o titulares: multa de hasta 100 veces la multa por contravención;
  • Por no conservar documentación, omisión en comunicar al BCU: multa de hasta 100 veces la multa por contravención;
  • La ley hace responsables personalmente a representantes legales y voluntarios de las entidades obligadas;
  • Prohibición de distribuir utilidades, dividendos, rescates, recesos o resultado de la liquidación de la entidad a los beneficiarios o titulares que no hayan sido identificados o comunicado. Si una entidad incumple con esto, será pasible de multa equivalente al monto distribuido;
  • Suspensión del Certificado Único de DGI;

 

¿Cuáles son las excepciones y exclusiones?

  • Sociedades personales o sociedades agrarias con 100 % de cuotas sociales pertenecientes a personas físicas que sean beneficiarios finales;
  • Sociedades de hecho o civiles integradas por personas físicas que sean beneficiarios finales;
  • Entidades cuyos títulos de participación sean propiedad de sociedades que coticen en bolsas de valores nacionales, internacionales de prestigio u otros procedimientos de oferta pública;
  • Fondos de inversión y fideicomisos constituidos y supervisados por país de residencia;
  • Condominios, sociedades conyugales y sociedades de bienes

 

Por Julián Arsuaga
Outsourcing Department
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