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Febrero 21, 2017 Comments (0) Views: 1158 BLOGS

Proyecto de ley crea 8 nuevas figuras delictivas sobre medio ambiente

El día 1º de febrero del corriente el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un Proyecto de Ley que busca insertar un capítulo específico de delitos contra el ambiente en el Código Penal uruguayo

 

Análisis de Fernando Posada
Integrante del Departamento Legal de Baker Tilly Uruguay y Aspirante a Profesor Adscripto de Derecho Penal I y II de la Facultad de Derecho, Universidad de la República

 

La protección de este bien jurídico no es nueva en el ordenamiento jurídico nacional, ya que el mismo no sólo tiene tutela constitucional[1], sino que diversas normas legales y reglamentarias ya han ido estableciendo un marco obligacional y sancionatorio –a nivel administrativo- relacionado al ambiente.

Sin embargo, la novedad del Proyecto radica en la creación de ocho nuevas figuras delictivas que castigan diversas conductas relacionadas a este punto, rompiendo con un paradigma a nivel local e instaurando un verdadero Derecho Penal del Ambiente, el cual ya existe en varios ordenamientos a nivel de derecho comparado.

La ley 17.283 de 28 de noviembre de 2000 –“Ley General de Protección del Ambiente”- ya había declarado de interés general, de conformidad con lo establecido en el artículo 47, la protección del ambiente, estableciendo un elenco de sanciones castigar el incumplimiento de las obligaciones establecidas por la propia norma, siendo el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente el encargado de aplicar estos castigos.

Dichos correctivos consisten en el apercibimiento, la aplicación de multas, la difusión pública de la resolución sancionatoria, el decomiso y la suspensión de habilitaciones, autorizaciones o permisos, entre otras. Como se ve, todas ellas revisten la naturaleza de sanciones administrativas. Fuera de ello, la única figura delictiva de contenido específicamente penal en materia ambiental hasta el momento era la de “introducción de desechos peligrosos”, establecida por el artículo 9 de la ley 17.220 de 11 de noviembre 1999, la que en este caso no se deroga sino que se mantiene vigente.

 

Sobre las figuras delictivas que se crean

Los tipos penales que incorpora el Proyecto se estructuran como típicos delitos de peligro, es decir, aquellas figuras que no requieren la configuración de un daño material sobre el bien jurídico protegido –el ambiente-, sino que alcanza con la existencia de un peligro de afectación del mismo para que el delito se configure.

Además, estos delitos son verdaderas “leyes penales en blanco”, toda vez que el supuesto de hecho no se encuentra regulado en forma íntegra en esta norma y se debe apelar a la existencia de otra norma para complementarla. Como se puede apreciar, la gran mayoría de estos delitos se configuran siempre que las conductas que en cada caso se describen sean cometidas “en violación a las leyes nacionales de protección del ambiente o su reglamentación”. Por tanto, para que el delito se cometa no alcanza con que el sujeto realice la conducta descripta en la norma, sino que además tiene que comprobarse que dicha conducta fue contraria a la normativa que regula la materia. Este tipo de técnica es hartamente criticada a nivel de doctrina en razón de que afecta el principio de legalidad, ya que obliga al sujeto a acudir a otra norma, con la agravante de que en este caso dicha norma puede ser de rango inferior –decretos reglamentarios- para llenar un precepto de índole penal.

El Proyecto contiene cuatro capítulos distintos, con tres cuerpos de delitos diferentes y uno de disposiciones generales aplicables a todos. Los capítulos son los siguientes: delitos de contaminación, delitos contra la biodiversidad y delitos contra la gestión ambiental.

 

Delitos de contaminación

Las primeras tres figuras que se crean –artículos 1 a 3- refieren a delitos de contaminación del aire, del agua y del ambiente en general a través de residuos o sustancias peligrosas.

Las conductas delictivas consisten en: i) librar o emitir sustancias, materiales o energía que dañen o puedan dañar el aire o el ambiente; ii) introducir sustancias, materiales o energía en las aguas superficiales, subterráneas o marítimas que causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del agua o al ambiente; y iii) almacenar, transportar, eliminar, abandonar o dejar expuestos residuos o sustancias con la misma potencialidad de daño para el ambiente. El rasgo común de todas estas figuras es, tal como vimos en el capítulo anterior, que las mismas se tienen que desarrollar en violación a lo dispuesto por las leyes nacionales de protección del ambiente o su reglamentación.

La pena de estos tres delitos oscila entre los seis meses de prisión a los ocho años de penitenciaría, siendo por tanto delitos inexcarcelables pero con un baremo punitivo bastante amplio, que le da bastante margen al juzgador a la hora de aplicar la pena.

La otra figura delictiva que se introduce en este capítulo refiere a la introducción de desechos peligrosos en jurisdicción nacional, delito que ya existía en nuestra legislación, habiendo sido introducido por la ley 17.220 de 11 de noviembre de 1999 y luego modificado por el artículo 367 de la ley 17.930 de 19 de diciembre de 2015. La pena prevista para este caso no varía respecto de lo ya legislado y será de doce meses de prisión a doce años de penitenciaría.

Finalmente, se prevén circunstancias agravantes especiales para los delitos regulados en este capítulo, a saber: i) la muerte o lesión de una o varias personas como consecuencia de alguna de las conductas reguladas; ii) que el delito se cometa en áreas naturales protegidas; iii) que la actividad en relación a la que se cometió no estuviera autorizada o no se hubieran obtenido los permisos requeridos por la ley o reglamentación; iv) que se hubiera desobedecido una orden expresa emanada de la autoridad competente de corrección o suspensión de las actividades; y v) respecto del delito de introducción de desechos peligrosos, el hecho que resultara daño al ambiente.

 

Delitos contra la biodiversidad

Los artículos 6 y 7 del Proyecto castigan la conducta de los sujetos que cacen, pesquen, capturen o dieren muerte a ejemplares de fauna protegida o que talen, destruyan o alteren la flora reservada, siempre que dichas conductas se realicen en áreas incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas y en violación a lo dispuesto por el artículo 8 de la ley 17.234 de 22 de febrero de 2000[2]. La pena que se prevé para ambos tipos penales es la misma que para los artículos 1 a 3, es decir, de entre seis meses de prisión y ocho años de penitenciaría.

Por su parte, el artículo 8 introduce el delito de tráfico de fauna y flora protegida, el que consiste en traficar ejemplares de fauna o flora de las especies y subespecies incluidas en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres[3] y sus enmiendas, y es castigado con la misma pena que los anteriores.

Por último, este capítulo también contiene un conjunto de agravantes específicas de estas mismas conductas, las que consisten en: i) cometer el delito respecto de especies declaradas en peligro de extinción; ii) que el delito se cometa mediante uso de explosivos, cebos tóxicos o envenenando fuentes de alimentos; y iii) cuando como consecuencia del delito se destruyeren o alteraren sitios de reproducción, nidadas o madrigueras.

 

Delitos contra la gestión ambiental

Este capítulo contiene un solo delito –“falsedad y obstaculización de la fiscalización ambiental”- que castiga al que proporcionare información falsa que sea de sustento para el ejercicio de los cometidos de la autoridad competente en la protección

del ambiente u obstaculizare su labor de fiscalización, siempre que producto de estas conductas se causen o puedan causar daños al ambiente.

Básicamente la figura descripta admite dos modalidades distintas: proporcionar información falsa u obstaculizar la labor de fiscalización de la autoridad competente. En ambos casos se exige que dichas conductas causen o puedan causar perjuicios en el ambiente, lo cual, en la hipótesis de un sujeto que proporcione información falsa a una autoridad pública, sirve para distinguir esta figura de otras existentes en el ordenamiento jurídico, como puede ser la falsificación ideológica de documento público por parte de un particular, el cual se regula en el artículo 239 del Código Penal, que no exige tal requisito.

 

Disposiciones comunes

Finalmente, el proyecto contiene dos artículos con disposiciones comunes que se aplican a todos los artículos anteriores.

En primer lugar, el artículo 11 establece que cuando los hechos fueran atribuibles a una persona jurídica, el sujeto que responderá penalmente será el que ejerza efectivamente el poder de dirección y quien con su participación hubiera contribuido de manera determinante en la concreción de los mismos. Ambos requisitos son acumulativos y no excluyentes entre sí, por lo que la responsabilidad caerá sobre el sujeto que efectivamente, es decir en los hechos, ejerza la dirección de la persona jurídica, exigiéndose además que en el caso concreto haya contribuido causalmente y en forma determinante al resultado delictivo.

En gran parte de los ordenamientos jurídicos donde existe este tipo de normativa penal ambiental, se prevé también la responsabilidad penal de las personas jurídicas, castigándose de esa forma la actitud dolosa o negligente de empresas –muchas veces industriales- que actúan en contravención de las figuras penales existentes. En el caso de Uruguay la responsabilidad sigue siendo personal, por lo que se apela a este mecanismo que busca identificar cual fue la persona dentro de la empresa que determinó el desarrollo de las actividades delictivas, para ser ella la que reciba el castigo penal.

Por último, se establece que los delitos previstos en los artículos 1 a 4 y 6 a 7, admiten la imputación a título de culpa, cumpliendo con la exigencia del artículo 19 del Código Penal que establece que dicha imputación sólo será posible cuando una norma expresamente lo establezca. Además se agrega que, en estos casos, la pena se verá reducida de un tercio a la mitad.

 

Conclusiones

El Proyecto de Ley que aquí se comenta persigue la instauración definitiva de un Derecho Penal del Ambiente, algo que si bien ya existe en otros países, es absolutamente novedoso en nuestro ordenamiento jurídico, donde las sanciones que se preveían para castigar a los incumplidores de las normas ambientales, eran casi en su totalidad de naturaleza administrativa.

Si bien no se debate la existencia del bien jurídico protegido, lo que sí resulta discutible es el recurso de acudir una vez más al Derecho Penal para tutelarlo, sin acreditarse que haya sido imposible protegerlo por otras vías menos lesivas, como el régimen sancionatorio administrativo. Aquél derecho penal, que en la teoría debía ser el último escudo del estado para la protección de los bienes jurídicos que consideraba de mayor relevancia –principio de “ultima ratio”-, hoy se ha transformado en el primer recurso para la salvaguarda de cualquier interés de la sociedad, buscándose muchas veces un efecto meramente simbólico.

Otro aspecto que resulta discutible del Proyecto es la técnica legislativa utilizada, apelándose a la creación de leyes penales en blanco que eventualmente pueden ser llenadas con reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo, pasando este último en los hechos a legislar en materia penal, toda vez que dicte algún decreto que modifique las normas ambientales a las que se remiten los delitos creados, extremo que vulnera el principio de reserva de la ley, el cual es fundamental en todo derecho penal garantista.

 

[1] Artículo 47 de la Constitución: “La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. La ley reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones para los transgresores. El agua es un recurso natural esencial para la vida…”

[2] La ley 17.234 declaró de interés general la creación y gestión de un Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el aludido artículo 8 estableció las medidas de protección de las mismas, confiriendo la facultad al Poder Ejecutivo de establecer limitaciones o prohibiciones respecto de dichas áreas.

[3] Esta Convención consiste en un acuerdo internacional entre distintos gobiernos con la finalidad de proteger el comercio internacional de especies animales y silvestres en peligro de supervivencia. La misma fue aprobada a nivel de derecho interno por el Decreto-Ley 14.205 de 4 de junio de 1974.

 

 

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