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PROYECTO DE LEY: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y...

julio 6, 2018 Comentarios desactivados en ALGUNOS ASPECTOS JURÍDICOS RELEVANTES INCLUIDOS EN EL PROYECTO DE LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS Views: 237 Normativa

ALGUNOS ASPECTOS JURÍDICOS RELEVANTES INCLUIDOS EN EL PROYECTO DE LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Material informativo elaborado por el Dr. Adrián A. Gutiérrez
Departamento Legal de BAKER TILLY URUGUAY

 

Registro de funcionarios destituidos: incidencia en su eventual posterior contratación

El artículo 5 del proyecto establece que, “todos los organismos del Estado, previo a cualquier contratación o designación de personas, deberán solicitar al Registro de Vínculos con el Estado de la Oficina Nacional del Servicio Civil antecedentes respecto de la existencia de destituciones como consecuencia de sumarios administrativos e inhabilitaciones judicialmente dispuestas para ejercer cargos públicos, así como constancia de vínculos vigentes con otros organismos”; agregando que “el incumplimiento de la obligación dispuesta en el inciso precedente, configurará falta administrativa, pasible de sanción”.

No queda claro el alcance de la disposición, en cuanto a la incidencia de una destitución como consecuencia de un sumario administrativo, ya que no existe ninguna norma que prohíba la contratación de funcionarios que hubieren sido destituidos, mediante un procedimiento sumarial.

En todo caso, la incidencia que esta situación podría llegar a tener en un proceso de contratación (o concurso) debería encontrarse explícitamente establecida en las bases del llamado, por ejemplo, aplicando un puntaje mayor a quienes no hayan sido destituidos; pero nunca prohibiendo su participación a quienes sí lo fueron.

Distinta es la situación respecto de aquellos funcionarios que se encuentran inhabilitados judicialmente para el ejercicio de cargos públicos, donde claramente no pueden ser contratados ante la existencia de una decisión judicial.

 

Sobre incompatibilidades para contratar con el Estado

Se especifica que no puede contratar con el Estado la persona que sea funcionario público del órgano competente para contratar y gastar, mantenga un vínculo directo o indirecto, de naturaleza laboral o contractual con el mismo, o desarrolle tareas de planificación, supervisión o control sobre el referido órgano, no siendo admisibles las ofertas presentadas por éste a título personal, o por personas físicas o jurídicas que la persona integre o con las que esté vinculada por razones de representación, dirección, asesoramiento o dependencia. No obstante, en este último caso de dependencia, podrá darse curso a las ofertas presentadas cuando no exista conflicto de intereses y la persona no tenga participación en el proceso de contratación –se aclara “en cualquier etapa del proceso de contratación”, ya que antes la norma refería únicamente al proceso de adquisición.

 

Sobre la publicación de las decisiones de adjudicación en procedimientos de compras del Estado

El artículo 19 del proyecto dispone –de forma similar a la regulación actual que “todas las Administraciones Públicas Estatales deberán dar publicidad en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, del acto de adjudicación, declaración de desierta o de rechazo de ofertas, de todos sus procedimientos de contratación de monto superior al 20% (veinte por ciento) –antes la norma hacía referencia al 50%- del límite establecido para la compra directa, que corresponda, incluidos los realizados por mecanismos de excepción, así como las ampliaciones y los actos de reiteración de gastos observados por el Tribunal de Cuentas, en la forma que disponga la reglamentación. Estos organismos contarán para ello con un plazo de 10 (diez) días luego de que el acto que se informa devenga en definitivo, debiendo identificar el motivo de adjudicación, el listado de participantes y la aplicación de regímenes preferenciales, si corresponde”.

La exigencia de que la publicación del acto de adjudicación o del que declara desierto el procedimiento o del que rechaza las ofertas, se publique recién cuando el tal decisión devenga en definitiva implica que si se interpusieron recursos administrativos recién se pueda dar a publicidad la decisión cuando se agotó la vía administrativa lo que podrá suceder a los 150, 200 o 250 días posteriores. Por ende, esta solución es –a nuestro criterio- limitativa y violatoria del principio general de derecho de acceso a información pública.

Adicionalmente, el artículo 21 del proyecto específica y aclara algunos aspectos vinculados al contenido de los pliegos de bases y condiciones particulares.

 

Sobre la excepción del control previo del MEF en la compra de medicamentos de alto costo por el MSP

El artículo 23 del proyecto dispone que se exceptúa del control previo del Ministerio de Economía y Finanzas para las contrataciones directas amparadas en lo establecido en el numeral 9) del literal C) del artículo 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF 2012), en los siguientes casos… Las compras que realice el Ministerio de Salud Pública, en cumplimiento de decisiones jurisdiccionales, de medicamentos o dispositivos terapéuticos no incluidos en el Formulario Terapéutico de Medicamentos o los programas integrales de prestaciones consagrados en el artículo 45 de la Ley Nº 18.211, de 5 de diciembre de 2007”.

 

Sobre el cambio del régimen de exoneraciones en zona franca

El artículo 299 del proyecto cambia el régimen de exoneraciones en lo que refiere a zonas francas al establecer que “no se considerará exportación la introducción de bienes, mercancías y materias primas desde territorio nacional no franco a zonas francas, destinados a satisfacer el consumo final de bienes y servicios por parte del personal de las zonas en oportunidad de realizar su actividad laboral dentro de las mismas, a que refiere el artículo 37 de la presente ley.”

 

Sobre la inclusión de otras entidades en el régimen de Registro de Estados Contables, previsto en la Ley sobre información de participaciones patrimoniales al portador con destino al BCU

El artículo 306 del Proyecto faculta al Poder Ejecutivo a incluir en la obligación de registrar estados contables ante el BCU: a otras “entidades de similar naturaleza”.

Esta facultad otorgada al Poder Ejecutivo es de dudosa legitimidad. La Ley No. 18.930 establece en forma preceptiva los sujetos obligados y respecto de quienes, en su caso, la Administración podrá aplicar sanciones en caso de incumplimiento a la citada obligación. Como es sabido, la delimitación de la infracción y de las sanciones a aplicarse; así como los sujetos comprendidos en la misma son potestativos del legislador, lo que determinaría la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo establezca los sujetos que quedan comprendidos en la sanción.

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